La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de avalar la indexación de las indemnizaciones laborales, y la media sanción dada por diputados en la legislatura bonaerense a un proyecto que busca establecer por Ley este nuevo criterio para el cálculo de los intereses, encendió las alarmas en el sector de las pequeñas y medianas empresas.
Este fallo judicial y el proyecto recientemente aprobado, que parece atender una necesidad de los trabajadores que han visto extinguido su contrato de trabajo, en realidad pone en jaque la estabilidad y viabilidad económica de las pymes, principal motor en la generación de puestos de trabajo en nuestro país.
Un sólo dato habla por sí solo: las pymes son responsables de más del 70% del empleo formal en Argentina. Según el último informe publicado por UIPBA sobre la evolución de la actividad industrial bonaerense, nos encontramos en la sexta caída mensual consecutiva de trabajo registrado. Desde agosto de 2023 a esta parte, acumulamos una caída de 34.000 asalariados privados registrados. A esto hay que sumarle el agravante que en nuestro país hace 10 años que no se generan nuevos puestos de trabajo en el sector privado.
A su vez, el rol de las pequeñas y medianas industrias no sólo se limita a la creación de empleo de calidad, sino que también impulsan el desarrollo económico en el interior y son el motor social en las comunidades en donde se desempeñan. Por su naturaleza, además, suelen operar con márgenes de ganancia reducidos y enfrentan desafíos constantes para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más exigente.
En este contexto, la decisión de la Corte bonaerense introduce una carga financiera adicional que la industria no está en condiciones de afrontar. La medida implica ajustar las compensaciones por despido de acuerdo con la inflación, reflejada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) + 6% anual.
Estas líneas expresan la preocupación por la aplicación del CER en la actualización de los créditos laborales. Este coeficiente puede resultar en montos desproporcionados e irrazonables que no se alinean con la realidad económica imperante. El CER fue originalmente introducido para indexar deudas pesificadas en el sistema financiero, no en el sector productivo. Su naturaleza de origen no debería aplicarse a indemnizaciones laborales, ya que además contraviene la prohibición de indexación, que ya fue establecida por las leyes 23.928 y 25.561.
Inseguridad jurídica
Sumado a eso, la aplicación retroactiva de esta medida da una inseguridad jurídica que es contraproducente para el desarrollo económico. También es un hecho que contradice la doctrina de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Puente Olivera”, “Massolo” y “Romero”. En resumen, tanto las leyes mencionadas como el precedente del máximo tribunal, admiten que es errado asimilar una deuda cuyo origen se da en el marco de un contrato de trabajo, como si se tratara de una obligación financiera asumida en dólares que justifique la aplicación de ese coeficiente de actualización.
Dada la situación en la que se encuentra el sector industrial, resulta imperativo que los legisladores y jueces reconsideren el impacto de sus decisiones, no sólo a nivel jurídico sino también por sus efectos sobre el sector productivo. Se deben buscar soluciones razonables que protejan el crédito de los trabajadores, pero sin poner en riesgo a las empresas generadoras de empleo. No se trata de dos bandos enfrentados. Es necesario abrir canales de diálogo constructivos entre todos los actores involucrados para encontrar un equilibrio y el beneficio tanto para trabajadores como empleadores.
Consecuencias para las pymes
Si se mantiene esta normativa, se elevarían a niveles inviables los costos para las pymes bonaerenses, dando como resultado una “protección” en detrimento de la generación de empleo. Esta medida tiene aspectos irrisorios, empezando por que aplica intereses sobre plazos ajenos al empleador, lleva (sobre todo a las micro y pequeñas) empresas a la quiebra y no preserva el trabajo del resto de los colaboradores empleados en esa empresa. Ante la perspectiva de enfrentar elevados costos por despidos futuros, y la incertidumbre que esto genera, una medida destinada a proteger termina perjudicando al supuestamente protegido, restringiendo las oportunidades de empleo y crecimiento.
La seguridad jurídica es un componente esencial para fomentar inversiones y para el desarrollo económico. Las empresas necesitan un entorno legal estable y previsible para planificar a largo plazo, invertir en nuevas tecnologías y expandir sus operaciones. Fallos judiciales como el reciente, que introducen incertidumbre y cargas financieras adicionales, y van en contra de precedentes jurídicos de la propia Corte Suprema Nacional, desalientan la inversión y dificultan el crecimiento del sector privado.
Es fundamental que se establezca un marco normativo para proteger los derechos de los trabajadores sin comprometer la actividad y viabilidad de las empresas. Un equilibrio adecuado entre estos factores es de suma importancia para el país y los desafíos que enfrenta. La ausencia de seguridad jurídica y la imposición de cargas económicas desproporcionadas solo conducirán a la retracción de la actividad y a que Argentina nunca pueda salir de su pozo de decadencia.
La preservación de las pequeñas empresas es esencial para el empleo productivo. La política, y también la justicia, debe fortalecer el funcionamiento de las relaciones laborales y brindar un entorno legal adecuado y moderno a los tiempos que corren. Si no se replantean las recientes decisiones judiciales y legislativas, estaremos en presencia de un nuevo puñal para las pymes bonaerenses.
